El perdón y el olvido
El reciente fallo de la Corte Interamericana, que deja sin efecto la amnistía, nos priva de excusas para eludir lo obvio: reconocer la cobardía o la colaboración, hacer justicia, ajustar cuentas con la memoria y, ojalá, perdonar.
El más viejo modelo de amnistía lo recogió Aristóteles en la Constitución de Atenas. Un decreto, promulgado en el 403 a.C. (luego que triunfó la democracia sobre la oligarquía), ordenó a los ciudadanos "no recordar los males padecidos o infligidos". Mucho más tarde, el Edicto de Nantes, que puso término a las guerras de religión, prohibió a los súbditos recordar. Les ordenó tratar los hechos anteriores a marzo de 1585 (entre ellos la matanza de San Bartolomé) como "cosa no sucedida".
Los estados modernos, sin embargo, no prohíben recordar. A diferencia de los antiguos, saben cuán porfiada es la memoria. Pero a veces intentan suprimir el castigo.
Es lo que hizo el Decreto Ley 2.191 de 1978 al amnistiar los crímenes cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. La misma dictadura cuyos funcionarios cometieron, o toleraron los crímenes, decidieron de pronto amnistiarlos.
En rigor, incurrieron en lo que cualquier filósofo llamaría una contradicción performativa: se concedieron a sí mismos el perdón. Generosos ellos, sin duda. Qué valor. Como si usted, agobiado por sus pecados, se pusiera a ambos lados del confesionario.
Durante muchos años convivimos con ese decreto y esa impostura. A su amparo, algunos de quienes cometieron crímenes que el derecho internacional considera de lesa humanidad evitaron la pena y han podido envejecer en calma.
A su turno, las fuerzas políticas pudieron, en plena democracia, eludir el problema de la justicia y de la memoria. ¿Acaso no era mejor que los jueces decidieran la aplicación de esas reglas? ¿No era más auspicioso que las nubes del tiempo y la muerte borraran esos recuerdos incómodos?
Así, entonces, todos hemos estado más o menos conformes.
Los victimarios, aspirando a una jubilación tranquila. Las fuerzas políticas, sin tener que tomar el toro por las astas. Nosotros, disfrutando de la expansión del consumo. Nada de qué preocuparse, entonces.
Salvo las víctimas y los hijos de los hijos de las víctimas. Ellos siempre tuvieron razones para recordar, y en ausencia de un mínimo reconocimiento abrigaron motivos más que suficientes para perseguir el castigo.
Todo eso hasta que llegó el caso Almonacid. Almonacid fue un profesor y dirigente de la CUT detenido por Carabineros y, como era usual, asesinado por la espalda mientras estaba indefenso. Su viuda y sus hijos llevaron el asunto a tribunales. El caso fue amnistiado.
Pero ahora la Corte Interamericana ha ordenado reabrirlo.
Los crímenes de lesa humanidad, dijo la Corte, no pueden ser amnistiados y son además imprescriptibles. Y el Estado -agregó- debe asegurarse de que el decreto ley de amnistía no sea un obstáculo para la "investigación, juzgamiento y, en su caso, sanción de los responsables de otras violaciones similares acontecidas en Chile". El decreto ley de amnistía -concluyó el fallo- carece de todo efecto jurídico. Y la cosa juzgada alcanzada bajo su amparo es simplemente fraudulenta.
Ahí tiene usted. Un decreto que carece de todo efecto. Y sentencias inútiles. Nada menos.
Se acabó la tranquilidad. Quienes vivían de su jubilación y hasta ahora supieron convivir con los recuerdos indignos, se pondrán nerviosos. Las fuerzas políticas que eludieron el asunto de la justicia y la memoria, perdieron todo pretexto. La derecha, que nunca se ha visto en la necesidad de mirar hacia atrás y reconocer la barbarie, tendrá ahora que hacerlo.
Porque una de dos.
O se deroga el decreto ley de amnistía y se persiguen los crímenes en base a la ley vigente a la época en que se cometieron (el fallo de la Corte desecha la regla de irretroactividad), o la totalidad de las fuerzas políticas se ponen de acuerdo y dan lugar a una modificación de la responsabilidad penal que, si no equivalga a una amnistía (como dijo la Corte, hay crímenes no susceptibles de ella) se le parezca.
Lo que no pueden hacer es como si lloviera.
Ahora vamos a tener que decidir: o castigamos esos crímenes en base a la ley vigente a la época en que se cometieron, o modificamos esa ley y rebajamos las penas.
La primera opción supone hacer justicia, pero mantiene una memoria que arriesgará hacia el futuro eso que Freud llamaba la compulsión repetitiva. Después de todo, dijo el mismo Freud, lo que no somos capaces de elaborar en palabras siempre volverá en actos.
La segunda opción compatibiliza la justicia y ayuda a sanar la memoria, Pero, claro, sanar la memoria -sugiere Ricoeur- exige esfuerzos de lado y lado.
La derecha debiera hacer un amplio reconocimiento de la brutalidad de esos crímenes, de la barbarie que supusieron y de su omisión negligente o de su colaboración en ellos. Porque de todo eso hubo. Y la izquierda reconocer su responsabilidad histórica (que no es lo mismo que la jurídica o la moral). Y ambos promover un amplio programa de reparaciones para las víctimas que no se parezcan, como hasta ahora, a dádivas.
La derecha, además, debiera abandonar las justificaciones fáusticas de la modernidad de que gozamos. Y la izquierda hacer el esfuerzo de recordar los hechos y olvidar la deuda.
Así podríamos mantener la memoria; pero, al mismo tiempo, despojar a esos recuerdos de su capacidad destructora.
Claro, no es la amnistía que relata Aristóteles, pero se le parece. Y quizás así se abra, algún día, la posibilidad del perdón. Que es lo único que liberará, de una vez por todas, a las víctimas y a los victimarios. Y lo único que nos permitirá reconstruir nuestra memoria y empezar de nuevo.
Carlos Peña